Sociedad y Tecnología

Chile ha digitalizado los procedimientos y trámites públicos otorgando agilidad a la atención de los ciudadanos en los servicios estatales. En el escenario del gobierno digital cobra sentido la posibilidad que abrieron los recursos digitales a nuestro alcance y que hemos expresado como hacer más y nuevas cosas. En términos prácticos las personas adquirieren un teléfono inteligente, pagan a los proveedores periódicamente por un plan de datos y crean cuentas en las redes y plataformas digitales de su preferencia. Si consideramos que las tecnologías de internet, telefonía móvil y redes digitales constituyen un único servicio su precio mensual básico no supera los $15.000 (US$18) equivalente al 3% del salario mínimo mensual y se asemeja al precio de cualquier otro servicio básico del hogar en Chile. Pero que algo sea barato no significa que las personas lo adquieran, entonces ¿por qué las personas adquieren estos servicios? En general, y en una primera fase, las personas adoptan y usan nuevas tecnologías porque les son útiles. En este caso las personas adoptaron masivamente internet, telefonía móvil y redes digitales porque tenían una necesidad que aquel servicio vino a resolver. Este blog sostiene que la necesidad es optimizar el uso de los recursos que estas poseen y que la mejora es posible porque el cambio socio tecnológico en curso provocó la caída de los costos de transacción y abrió posibilidades de realizar nuevas y más actividades que antes para las personas comunes, también a las empresas e instituciones estatales. Uno de los principales recursos que optimizan o mejoran las personas con el uso de nuevas tecnologías es el tiempo. En el e-commerce las personas ahorran el tiempo involucrado en transacciones comerciales presenciales, por ejemplo, el de la selección de bienes y servicios ahora en línea y los apoyos digitales creados para la última milla. Otro aspecto es la posibilidad de interacción en línea entre las personas y servicios del Estado. El año 2019 Chile inició el proceso de transformación digital del Estado (Ley 21.180). En junio de 2022 la Ley 21.464 modificó algunas materias para facilitar su implementación. Estableciéndose las bases de un conjunto de procedimientos administrativos que efectúan los organismos de la Administración del Estado, de manera que éstos y los actos administrativos a los cuales da origen se expresarán por escrito a través de medios electrónicos. Lo que permite ejecutar la interacción digital entre los usuarios y los funcionarios públicos, así los trámites que hacen las personas para obtener un “producto” en un servicio público no sólo sean realizados presencialmente, sino también en línea.

Esta entrada presenta algunos resultados del proceso de transformación digital referidos a la realización de trámites en instituciones públicas. El gobierno digital define un trámite como una acción necesaria para que una persona natural y/o jurídica acceda a un producto entregado por una institución pública, generando un procedimiento que finaliza con una respuesta para el solicitante. Los trámites que ofrecen las instituciones públicas según el Registro Nacional de Trámites son 3.683. Los más frecuentes son solicitar información, efectuar reclamos o sugerencias a una institución; postular a un procedimiento que permite acceder a un bien o servicio (becas, subsidios, fondos concursables). Rectificar o actualizar información personal. Pagar una multa o sanción y apelar el resultado de una postulación. Durante el primer semestre de 2023 se realizaron 343.252.114 trámites en total, de los cuales el 92% fue a través de canales digitales. En el año 2022 los chilenos realizaron 756.104.383 trámites en las plataformas públicas.

Para apreciar el fenómeno desde una perspectiva general el Gráfico 1 presenta los cien trámites con mayor número de transacciones. Los datos utilizados corresponden al total de trámites efectuados durante enero- junio de 2023. De los cinco trámites más solicitados cuatro corresponden al Servicio de Impuestos Internos, uno al Servicio Electoral. Los cuatro trámites tributarios más requeridos son el Ingreso al sitio personal del contribuyente, el Registro de aceptación o reclamo de algún documento tributario electrónico, la Emisión de documentos tributarios electrónicos (DTE) en el Sistema de Facturación Gratuito y las Boletas electrónicas de honorarios. El trámite más solicitado en el Servicio Electoral es la Consulta de datos electorales. El ingreso al sitio personal del contribuyente tuvo 33.638.370 transacciones en el primer semestre 2023 y tiene un auge de consultas en abril. La Consulta de datos electorales tiene 23.669.373 transacciones/consultas en el período. Ambos trámites se caracterizan por tener una solicitud estacional, esto es, presenta un alza de solicitudes durante uno o dos meses, lo que manifiesta el ciclo de demanda de los usuarios, en este caso, el ciclo tributario y ciclo electoral. Otro tipo de trámite es aquel que mantiene la solicitud constante en el período, por ejemplo, el Certificado de nacimiento para todo trámite del Servicio de Registro Civil e Identificación.

Fuente: Elaboración propia con datos del Registro Nacional de Trámites (RNT), enero-junio 2023.

Desde la perspectiva de la optimización del uso de recursos individuales, en particular del uso del tiempo, se puede hacer un cálculo simple para estimar el tiempo que los chilenos ahorran producto de la digitalización de los trámites públicos y la adopción masiva de tecnologías, ambos procesos se complementan. El tiempo involucrado en realizar trámites se ha valorado en 5 o 6 días al año por trabajador, estos días administrativos están reconocidos en los reglamentos del trabajo. Supongamos que existe un ahorro de diez minutos por cada trámite realizado y dado que en el primer semestre 2023 se realizaron 315.483.615 trámites en el canal digital (92% del total de trámites) el ahorro total de tiempo es de 52.580.602 horas, que en promedio corresponden a 3,5 horas por habitante en el semestre, el cálculo considera la población mayor de 15 años. El ahorro de tiempo en un año es de 7 horas por persona, en el ámbito laboral equivaldría a disponer de un día administrativo. Este valor corresponde al límite inferior del ahorro de tiempo porque no considera el tiempo ocupado en acudir a la oficina pública. Asimismo, los beneficios no se circunscriben sólo al ahorro de tiempo de las personas, se debe considerar también el ahorro de tiempo de la atención que brinda la institución pública. Para obtener el orden de magnitud de este costo supongamos que las personas realizan los trámites sólo en oficinas institucionales. Las consideraciones son: producir un trámite presencial demora veinte minutos en promedio, las jornadas de trabajo tienen ocho horas y se trabajan 250 días hábiles al año. El ahorro es de 50.000 jornadas de trabajo. La cifra es una estimación gruesa de la dimensión del ahorro de tiempo, dado que los valores que muestra el Gráfico 1 nos indican grupos de trámites que pertenecen a distintos niveles de escala, por ejemplo, la mayor parte de transacciones se concentran en los trámites de unas pocas instituciones, el Servicio de Impuestos Internos, Tesorería General de la República del Ministerio de Hacienda. En el Servicio de Registro Civil e Identificación del Ministerio de Justicia. En el Instituto de Previsión Social del Ministerio del Trabajo.

En términos económicos se dice que estos procesos co-evolucionan, cuando ello ocurre, los involucrados, personas e instituciones, se benefician. Qué sucede con la economía ¿también obtiene beneficios? Si se quieren recibir beneficios globales en toda la economía es necesario que los efectos de los procesos se propaguen, se acoplen con otros y co-evolucionen. De otra forma ocurre lo que planteaba en los años 80, el recientemente fallecido Premio Nobel de Economía Robert Solow: las TIC están en todas partes menos en las estadísticas de productividad. Este tema es importante en el país porque la productividad lleva algunos años sin variación. Incluso el actual gobierno presentó la Agenda de productividad 2023 con lineamientos para incrementarla en un 1,5% anual apuntando en la dirección de hacer más con lo mismo. Esto se traduce en que los beneficios alcanzados en niveles microeconómicos, como los que aborda esta entrada, vayan co-evolucionando con otros micro procesos para conseguir mejoras macroeconómicas. Los datos de la productividad nacional medida por el indicador de Productividad Total de Factores (PTF) muestra que la evolución de la PTF agregada y no minera el año 2022 en Chile: sigue en una etapa de estancamiento o incluso leves caídas, a pesar del auge observado durante la pandemia (Comisión Nacional de Evaluación y Productividad). Los valores del indicador el año 2020 estaban entre -1,2 y 0,7, el 2021 entre 5,2 y 4,9 y en el 2022 entre 2,0 y 2,4. La “máquina” estatal puede evolucionar hacia mayores niveles eficiencia en la prestación de servicios con la digitalización de procedimientos y trámites que debe ir acompañada de la capacidad de aplicar procedimientos simples, rápidos o de poca demora en la respuesta, con entrega de información comprensible para el usuario.